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Todo esto lo cuento sólo para dejar constancia del problema real para nuestro Estado de Derecho que late tras la constante pérdida de credibilidad y de calidad jurídica del Tribunal Supremo.
La cuestión de las hipotecas deja al descubierto unas vergüenzas que cuando se relatan muchas veces en relación con cuestiones como las anomalías procesales del Caso Procès, son rebatidas con un gesto agrio y patriótico.
El episodio del impuesto de las hipotecas responde a la misma pendiente de desprestigio, de destrozo, de escándalo por la que lleva tiempo deslizándose el máximo tribunal.
Un poder omnímodo en manos muy privadas. Porque ¿quién controla ahora mismo al controlador de todos si no es él mismo? ¿qué responsabilidades tiene y ante quién las rinde si no hace bien su trabajo sino ante sus propios miembros? Excepto que sean los poderes fácticos los únicos con posibilidad de hacerles recular como estamos viendo.
Y no, no hay ninguna conspiración para desprestigiar al Tribunal Supremo como van contando. Ya ha quedado claro que no hace ninguna falta. No necesitan a nadie. Son perfectamente capaces de desprestigiarse ellos solos.
