La monarquía es una anomalía para un sistema democrático. Esto no significa que no sea democráticos Estados como Holanda, Dinamarca o Suecia, pero lo son pese a ser monárquicos y fruto de una evolución histórica que ha reducido la figura del titular de la Corona a mera jefatura de Estado simbólica.
El acceso a la función pública por medio de instituciones privadas como la familia y la herencia carece de justificación democrática. Además, si a quien así accede a la jefatura del Estado se le atribuye un extraordinario blindaje haciéndole inviolable e irresponsable, la tarea de casar democracia y monarquía parece imposible.
El argumento más socorrido para legitimar la monarquía en una democracia es que puede cumplir una función importante: la Corona es útil para representar simbólicamente la unidad y permanencia del Estado al margen de controversias políticas. Sin embargo, en un sistema democrático no caben privilegios (inviolabilidad e irresponsabilidad regias, ...) por lo que estas excepciones necesitan un encaje constitucional, es decir, deben justificarse por el beneficio que aportan al funcionamiento de la institución y no a los intereses particulares del beneficiario.
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