De todos los requisitos, Juan Carlos de Borbón solo cumple con el primero: se ha jubilado. Ni realiza función alguna ni es digno de ningún honor.
Dicen los católicos que el arrepentimiento y la penitencia son los pasos previos al perdón de los pecados. A su manera, también pasa lo mismo con el delito fiscal.
Por eso el pago de la deuda con Hacienda –más una cuantiosa multa– es suficiente para evitar la condena penal. Con una condición: hay que pagar, arrepentirse, antes de que arranque el proceso judicial.
La lentitud de la Justicia española en los tres casos de presunta corrupción que afectan a Juan Carlos de Borbón y el limbo en el que están –en la Fiscalía desde hace más de un año, pero aún sin judicializar– han dado al rey emérito una oportunidad que no suelen tener otros defraudadores: la de regularizar.
El rey emérito devuelve la calderilla. Pero no el gran botín que presuntamente robó –un delito fiscal consiste en eso: en robar a todos los españoles que sí pagamos impuestos–.
Juan Carlos de Borbón está buscando la solución menos costosa para su patrimonio y su libertad . Es lo que haría cualquier presunto delincuente, y está en su derecho. Pero alguien que se comporta así no merece ningún reconocimiento por parte del Estado español.
Y desde luego, resultaría insultante que, con la excusa de las fiestas que se avecinan, tenga el morro de atearrizar por estos lares.
