Comentaba la semana pasada Felix Soria en su blog, con gracia y acierto, que el presidente del Congreso de los Diputados del Estado social y democrático de Derecho del Reino de España --perdón por la prolija descripción del territorio y de su Administración--, José Bono, se ha negado a retirar los retratos de los tres presidentes de las Cortes franquistas (Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel) que lucen cual soles en la Cámara.
Bono, que dice ser demócrata y socialista, ha justificado su decisión alegando que esos tres personajes forman parte de la historia de España, por lo que considera “innecesario” vetar su honorífica presencia en la sede institucional del actual poder legislativo.
José Bono ha anunciado su decisión con el disimulado autoritarismo que es habitual en él: “Los retratos no se van a quitar”, rechazando así la propuesta del diputado de ICV Joan Herrera, ¡como si haber hecho o sido historia de España mereciera obligado respeto institucional!...
Aplicando semejante regla de tres cabe concluir que deben levantarse monumentos al teniente coronel Tejero, al general Primo de Rivera, a Millán Astray y, de propina, reponer todos los de Francisco Franco y levantar un monolito para loar a los estalinistas que asesinaron a Andreu Nin o recordar con respeto a Pol Pot, Videla y Mussolini... ¡Total, hicieron y son historia!
De Bono, político oportunista e ideológicamente dual donde los haya, cabe esperar cualquier cosa… ¡Con el permiso del PSOE!, que conste.
La insensatez socio-política de Bono coincide en el tiempo con la decisión de la Justicia de tramitar una denuncia contra oficiales nazis que participaron en la muerte de ciudadanos españoles sucedidas en campos de concentración hitlerianos.
¡Muertes estas que acaecieron hace más de medio siglo! Y es que el Estado social y democrático de Derecho del Reino de España arrastra contradicciones que son tanto o más graves que la cobardía ética y la miseria ideológica de Bono.
¿Es ideológica y jurídicamente comprensible que los altos cargos e instituciones de un Estado de Derecho persigan delitos perpetrados allende sus fronteras hace decenios y, sin embargo, sigan protegiendo a quienes en su propio país conculcaron derechos humanos fundamentales hasta 1978?
