Javier Ortiz en su blog nos invita a que trascendamos el caso De Juana y nos planteémos los criterios con los que su peripecia viene siendo tratada. Lo que se plantea, en el fondo, es una cuestión que tiene que ver con los principios del Estado de Derecho: ¿deben la sociedad, en general, y las autoridades del Estado, en particular, conformarse con que el delincuente cumpla la condena que le ha sido impuesta, con todas las salvedades jurídicas que procedan, o hay casos en los que es necesario forzar la mano y recurrir a lo que sea para prolongar su castigo, aunque eso obligue a “construir imputaciones”?
Es evidente que ni la mayoría de la sociedad española ni los políticos de los dos principales partidos consideran suficiente que De Juana haya satisfecho su deuda con la ley.
Lo que está en juego, de hecho, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué se hace esto con De Juana, pero no con otros condenados por asesinatos múltiples, algunos de ellos también miembros de ETA?
La respuesta hay que buscarla en el funcionamiento irracional de nuestras sociedades mediáticas y en las facilidades que encuentran algunos para poner en marcha esa bola de nieve que llaman “alarma social”.
