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¿Alguien imagina que en un documento oficial, el teniente coronel de la guardia civil que entró al hemiciclo del Parlamento al grito de "quieto todo el mundo" fuera considerado, presidente del Congreso de los Diputados?
Pues el Tribunal Supremo, al reconocer en un auto la jefatura del Estado al general golpista Francisco Franco, a partir del 1 de octubre de 1936, ha hecho algo bastante parecido.
¿Ha sido casual?
No lo es cuando el auto confunde adecuadamente el interés general con los objetivos de los herederos del dictador, cuando utiliza su jefatura del Estado como un argumento a su favor, sin llamarlo dictador ni golpista en ningún momento y sin mencionar a sus miles de víctimas que son hoy obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador.
Y por cierto, ese hombre, Azaña, al que el Tribunal Supremo ha ninguneado, el que firmó el decreto para crear 5.300 plazas de maestros y maestras, en plena guerra, en plena agresión fascista, yace enterrado fuera de su patria, en Montauban, cerca de Toulouse, fuera de la jurisdicción de ese tribunal que hace hoy apología del franquismo.
