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Ya iba siendo hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre. La inviolabilidad del rey tiene tanto fundamento como la infalibilidad del papa.
Que tal cosa esté escrita en la Constitución y sigamos aceptándola después de 40 años de democracia no significa que no nos parezca una solemne bobada.
Debería ser obvio a todos los efectos que el blindaje de la Jefatura del Estado en sus acciones políticas no tiene nada que ver con una supuesta protección total ante latrocinios, irregularidades o delitos de cualquier índole que pueda cometer el titular de la misma.
Si la monarquía parlamentaria es una solución pragmática para vestir de legitimidad democrática un régimen anacrónico de gobierno, lo de la inviolabilidad del rey es simplemente una antigualla que ofende a la inteligencia de una ciudadanía empoderada y contribuyente.
De hecho, Felipe VI y Leticia Ortiz tendrían que ser, a estas alturas de este pandémico siglo, los primeros interesados en renunciar al dudoso privilegio que supone poder teóricamente hacer lo que les venga en su "real" gana al margen de las leyes. Por ese camino a la corona le quedan no muchos telediarios. Ellos sabrán.
