La batalla política que libra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el de Ayuso, la de la foto sobre la gestión de la pandemia, se ha convertido en una resistencia numantina a aplicar las directrices emanadas del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el miércoles.
En esa reunión se acordó implementar medidas de confinamiento perimetral, restricciones a la movilidad y reducción de horarios y aforos en las ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan alguno de estos tres criterios:
-una incidencia de más de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días;
-más de un 10% de positivos en las pruebas PCR,
-y que los pacientes de covid-19 ocupen más del 35% de las UCI.
Son criterios razonables que rigen para toda España, pero Madrid ha decidido convertirlos en otro motivo de confrontación. Tras un amago de rebeldía, la presidenta Díaz Ayuso dijo ayer que las acataría, pero al mismo tiempo anunció que las impugnará ante la justicia, lo que no deja de ser una posición obstruccionista.
En una situación de emergencia, poner obstáculos a la lucha contra la pandemia resulta una actitud irresponsable y temeraria que va contra el consenso científico y los principios éticos del buen gobierno.
