El estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituye una herramienta necesaria y adecuada para hacer frente a la segunda ola de la pandemia en España.
Lo es por su extensión, seis meses, que se corresponde con la gravedad de este segundo envite; por su impacto, al ir acompañado de un toque de queda nocturno para todo el territorio –con la excepción de Canarias–, y por su ejecución, que descansa principalmente en las comunidades.
De estas características, la más novedosa es la que deja la implementación del estado de alarma en manos de los presidentes autonómicos como autoridades delegadas. Con este planteamiento de rasgos federales, Sánchez asume el principio según el cual la respuesta al virus, asentada en alertas epidemiológicas comunes, será más eficaz si es gestionada por las administraciones cercanas a los ciudadanos.
La posibilidad de modular los horarios del toque de queda en cada comunidad y, sobre todo, la autorización para adoptar cierres perimetrales que pueden alcanzar el conjunto de su territorio constituyen los rasgos más sobresalientes de una propuesta bien acogida por la mayoría de las autonomías.
Cabe esperar que ningún partido democrático se oponga a algo aparentemente tan sensato.
