Tras la admisión a trámite de la inpugnación del gobierno central de la Declaración soberanista aprobada en Barcelona, queda de manifiesto el vaciol legal existente para que, tal como señalaba ayer Gurrutxaga en Vocento, los soberanismos catalán y vasco, puedan expresar y, en su caso, materializar sus voluntades políticas.
Y sin duda, su estrategia política debería estar orientada a lograr los acuerdos que permitan establecer ese cauce legal con los poderes españoles favorables a la vertebración de España como realidad plurinacional.
Estos deberían ser los primeros interesados en posibilitar esos acuerdos que permitan establecer con claridad los cauces legales para que la voluntad popular expresada democráticamente pueda tener su plasmación en el ordenamiento jurídico.
