La retirada forzosa de los cooperantes en los campos de Tinduf es la puntilla a la ayuda de cooperación por parte del Gobierno de Rajoy, que ni coopera ni deja cooperar. Al recorte salvaje de más del 65% en ayuda al desarrollo, esto es, casi 1.300 millones de euros menos, se suma ahora la expulsión de quienes aportan su esfuerzo, tiempo y dinero a quienes los sucesivos Gobiernos españoles han dado siempre la espalda: el pueblo saharaui.
Ya hace nueve meses, cuando fueron secuestrados los cooperantes Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, el Gobierno desaconsejó cualquier tipo de desplazamiento a los campamentos de refugiados donde, hoy más que nunca y tras los recortes en la ayuda humanitaria, se necesitan a las ONGs y activistas. No hizo lo mismo el Ejecutivo de Rajoy cuando estalló la bomba en plena plaza de Marrakech en Marruecos; entonces, no desconsejó evitar el turismo en el reinado de Mohamed VI porque eso habría creado un conflicto diplomático con el sultán.
