Durante el recuento de las elecciones presidenciales de Estados Unidos asistimos al fenómeno de comprobar cómo grandes cadenas de televisión y redes sociales frenaban los intentos de Trump de desautorizar las elecciones presidenciales estadounidenses.
Tres de las grandes (ABC, CBS y NBC) interrumpieron la transmisión en la que el presidente denunciaba fraude y atacaba al sistema electoral de EE UU.
También lo hicieron los principales canales en español, Telemundo y Univisión. Incluso varios días después, el 9 de noviembre, la Fox cortaba la rueda de prensa del portavoz de Trump argumentando que no mostraba pruebas de su afirmación.
Por otro lado, en las redes sociales, Facebook y Twitter ocultaban los mensajes de Trump o los presentaban con advertencia de que se trataba de falsedades. Facebook llegó a cerrar un grupo con 320.000 seguidores. Igualmente Google, a través de Youtube, también intervino eliminando vídeos electorales que difundían resultados falsos.
Aceptamos con normalidad que no exista ninguna institución pública neutral que difunda de forma oficial los resultados, aceptamos a los periódicos y las televisiones privadas como los notarios de los resultados electorales.
A lo que hemos asistido es a un Estado fallido en toda regla, fagocitado por los grupos de comunicación. Cortan las intervenciones del presidente, son los árbitros que dicen lo que es verdad o es mentira y certifican los resultados de las elecciones.
¿Qué creemos que pasaría si el presidente o el ganador estuviese muy escorado hacia la izquierda y eso no fuera de su gusto? ¿Entonces denunciaremos la dictadura mediática que atropella al presidente?
Por fin nos hemos dado cuenta de que el presidente de Estados Unidos no es el hombre más poderoso del mundo, solo lo es si lo aceptan los grandes grupos de comunicación y las empresas tecnológicas de las redes sociales.
Porque hayan estado de nuestro lado contra Trump no hace que el panorama sea menos preocupante.
