Cuando los diputados de la derecha aporrean los escaños para reclamar libertad, como una clase de adolescentes revoltosos, están reivindicando un derecho que nunca ha estado sujeto a discusión.
Por supuesto que los padres tienen derecho a elegir el colegio de sus hijos. También tienen el derecho, y la obligación, de pagarlo de su bolsillo si deciden matricularlos en un centro privado.
Es discutible que los hijos sean propiedad de sus padres, pero el Estado no se la disputa de ninguna manera. Quienes piensan que sus hijos son sólo suyos, con más razón deberían asumir los costes derivados de su educación cuando rechazan el modelo de escuela pública de coeducación, universal y gratuita.
Llama la atención que en un país donde se mira tanto a Europa para todo, desde el precio de las mascarillas hasta los tribunales de la UE, no se mire jamás a los modelos educativos de países como Alemania o Francia, donde los colegios privados son una extravagancia reservada a ciertos, ni siquiera todos, elitistas plutócratas.
La Lomloe, víctima desde su nacimiento de una feroz campaña de intoxicación informativa, pretende poner fin a una anomalía originada, como casi todas, en 40 años de dictadura franquista. Merecería una suerte mejor.
